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Asesoramiento
Datos
- La implantación necesaria de las nuevas tecnologías,
y en concreto del tratamiento automatizado de datos personales
a través de gestiones en el ordenador y las aplicaciones
informáticas, ha crecido tan desmesuradamente, que
ha creado a su vez la necesidad de establecer una protección
administrativa y legal de los datos personales de las personas
físicas. Para tal fin se dictaron varias normas legales
y se creó la Agencia Española de Protección
de Datos.
- La ley prevé una
serie de obligaciones básicas como
son el registro del fichero ante la Agencia Española
de Protección de Datos, informar a los usuarios sobre
la política de privacidad y protección de
datos de la empresa, así como proteger los datos
personales estableciendo una serie de medidas de seguridad,
control de soportes, registros de accesos, etc. Todo ello
debe quedar recogido en un documento de seguridad que quedaría
a disposición de la AEPD, en su caso, y que serviría
como base y referencia obligada para la correspondiente
auditoria.
- Las sanciones
legalmente previstas por el incumplimiento de las obligaciones
descritas son verdaderamente altas. A título de ejemplo,
la omisión del deber de información previa
al interesado o recabar sus datos sin consentimiento será
sancionado con una multa de entre 60.000 € y 300.000
€. Idéntica sanción está prevista
para el hecho no adoptar las medidas de seguridad pertinentes
para la protección de los ficheros, programas y equipos
que contengan datos de carácter personal.
- Aspectos más sencillos
como la falta de inscripción de los ficheros está
considerada como infracción leve y se sanciona con
multas de 601 € a 60.000 €, y hechos bastante
frecuentes entre empresas colaboradoras como la cesión
de datos, fuera de los casos legal y expresamente permitidos,
puede tipificarse como infracción muy grave, sancionándose
con una cuantía entre 300.000 y hasta un máximo
de 601.012 €.
- Además de esto conviene
recordar que si las infracciones son por varios de los hechos
descritos anteriormente las sanciones serán
acumulativas, por lo que a una empresa que no cumpla
la normativa es razonable que se le acumulen varias sanciones.
- La legislación
afecta a todas las empresas que manejen ficheros
con datos personales, lo que en la práctica representa
la casi totalidad de las empresas, ya que ficheros de datos
personales poseen todos aquellos que dispongan de una base
de datos personales organizada, ya sea, por ejemplo, una
base de clientes (para facturar, remitir cartas, mails,
publicidad o promociones, realizar transacciones bancarias,
etc), proveedores, libreta de direcciones para cartas o
e-mails, fichero de trabajadores (con datos laborales y
de nóminas). Y la ley es aplicable a todos, no hay
ninguna eximente en la ley para su incumplimiento, ni para
la inaplicación de sus sanciones.
- No obstante, la necesidad
de cumplir con las previsiones legales y la adopción
de las correspondientes medidas de seguridad por parte de
las empresas, no es sólo por el temor a una posible
sanción por parte de la Agencia, sino por la propia
imagen de la empresa en sus relaciones externas. Así,
son los propios usuarios o clientes quienes cada vez más
están demandando a las empresas que traten datos
personales una mayor garantía de eficacia y de seguridad
en el tratamiento de los mismos, por ello, el someterse
a auditorias jurídicas o el tener una correcta y
convincente política de privacidad y de protección
de datos se configura como una necesidad básica en
las empresas o colectivos que manejan datos personales,
tanto a través de la red como en las aplicaciones
informáticas de las propias empresas.
- El objetivo de este servicio
es auditar la empresa, y, en su caso la web corporativa,
en materia de privacidad y protección de datos personales,
y adaptar los ficheros y la política de protección
de datos a la legislación vigente, abarcando todas
las necesidades y asesoramiento que pueda necesitar la empresa,
tanto sobre esta materia específica como sobre otras
materias jurídicas directamente relacionadas.
- Le garantizamos un servicio
prestado por un equipo multidisciplinar profesional, con
abogados especializados en protección de datos y
nuevas tecnologías. Si usted contrata este servicio
con nosotros tendrá la garantía de que las
materias de ámbito jurídico que requieran
de su servicio van a ser estudiadas y realizadas únicamente
por abogados colegiados en el ICAV, con la garantía
profesional y responsabilidad por nuestra parte que ello
supone.
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